Por: Miguel Basañez
Al promulgar la reforma constitucional para el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Eruviel Avila Villegas, gobernador del Estado de México, consideró que la aprobación de esta iniciativa es un un logro de la sociedad mexiquense y del trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues es motivo para continuar consolidando el combate a la corrupción que se lleva a cabo en la entidad, además sumarse a los esfuerzos que el Sistema Nacional Anticorrupción realiza en todo el país.
La iniciativa establece la obligación de los servidores públicos de presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y la Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, conocida como Ley 3 de 3, misma que resultó de una iniciativa ciudadana y que busca garantizar que el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de cada funcionario de gobierno estará apegado a la legalidad.
Esta reforma, aprobada por todas las fracciones parlamentarias del Congreso local, contempla la posibilidad de que los ciudadanos perjudicados por algún acto de corrupción, cometido por un servidor público, puedan demandar a la institución correspondiente y recibir una indemnización, así como la obligatoriedad de ofrecer trámites y servicios gubernamentales a través de internet, para evitar actos de corrupción y ahorrar tiempo a las personas.
Avila Villegas puntualizó que dicha iniciativa tiene tres ejes: el sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Mejora Regulatoria. Agregó que el sistema estará regido por un comité coordinador, integrado por titulares de la Secretaría de la Contraloría, del Órgano Superior de Fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadana; e informó que en próximos días se presentará el primer paquete de legislación secundaria o reglamentaria para la consolidación del sistema.