A casi un mes de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente que a toda costa el chavismo ha sacado adelante sin reconocimiento internacional, todavía no discute ni el primer artículo de la Carta Magna que originalmente estaba llamada a redactar. Toda su atención ha estado concentrada en el ajuste de cuentas con la disidencia. Los cientos de diputados reunidos en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo de Caracas aprobaron por unanimidad -como hasta ahora ha sido con todas las resoluciones de este cuerpo ‘’legislativo’’- un Decreto contra el Bloqueo Financiero y en Defensa del Pueblo Venezolano, que pretende dar respuesta a las sanciones económicas impuestas la semana pasada por el Gobierno de Donald Trump contra Venezuela.
El decreto ordena al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia -poderes del Estado leales al Gobierno- iniciar un “juicio histórico” contra los dirigentes “de la derecha” que, según el chavismo, alentaron la adopción de ese tipo de medidas desde Washington. Ya el propio presidente, Nicolás Maduro, había solicitado a la Constituyente procesar a varios diputados del parlamento de mayoría bajo la presunción de haber cometido el delito de traición a la patria.
Aunque para ese delito, tipificado en el Código Penal que el chavismo reformó en 2010, se prevén penas de hasta 30 años de prisión, durante la sesión de la Constituyente oficialista se citó el artículo 132 del mismo código, donde se contempla prisión de hasta por 16 años para aquel que “conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación”.
La intervención de cierre estuvo a cargo de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, sólo por detrás de Maduro, y quien lleva la voz de la única bancada que participa en la Constituyente, la elegida por el Gobierno en una elección en la cual los únicos candidatos fueron elegidos por el Chavismo. Cabello se preguntó si acaso los líderes de oposición “son venezolanos de verdad; pareciera que no, ¡pues son traidores a la patria!”. “Quienes hoy piden la intervención militar de Estados Unidos no merecen ningún perdón”.
De la misma manera se había expresado antes Adán Chávez, hermano mayor del fallecido Hugo Chávez: “Debemos solicitar que se abra un juicio histórico, que se investigue todo lo que tenga que investigarse y que se castigue a los traidores a la Patria, para que de esa manera, aplicando justicia, sigamos en paz construyendo el socialismo bolivariano”.
La Asamblea Constituyente “presidencial” -como la califica la Fiscal General rebelde, Luisa Ortega Díaz quien huyó de Venezuela- ha previsto para sí misma un período de vigencia de dos años, en el que se propone no sólo confeccionar una nueva Constitución, tarea para la cual le bastaron menos de seis meses a la precedente asamblea, esa de abrumadora mayoría chavista, en 1999; también se reservó las competencias legislativas regulares, de las que despojó al parlamento mediante decreto hace una semana.
La sesión pasada, la Asamblea Nacional suspendió su sesión extraordinaria, que debía abordar la corrupción relacionada con Odebrecht por falta de quórum, ya que solo 55 de los 109 diputados acudieron, debido a que varios se han escondido por miedo ante las constantes amenazas del Gobierno.
Así con bombos y estruendoso aplauso oficialista, Nicolás Maduro ha asestado otro golpe a la ya débil democracia venezolana, prometiendo prisión a aquellos que con mandato constitucional y voto del pueblo, se enfrentaron al más nuevo Dictador de Latino América y a su democracia, la misma que los mata.