Causa en Común, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y Transparencia Mexicana (TM) retoman la iniciativa “11 compromisos contra la Corrupción” iniciada en 2017, en la que convocan a los candidatos a gobernador de las 9 entidades con elección en este 2018.
Es así como los aspirantes al gobierno en los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México, serán convocados a comprometerse con realizar 11 Acciones de Política Pública para enfrentar la Corrupción, en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio.
En el ejercicio del año electoral anterior (2017), esta iniciativa se aplicó con los candidatos a Gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit, se obtuvo una propuesta positiva por parte de 19 del total de 21 candidatos a los que se les invitó a firmar su compromiso contra la corrupción.
Hoy Coahuila, Estado de México y Nayarit respectivamente cuentan con un seguimiento de sus compromisos a los que se comprometieron con la sociedad civil.
Los 11 Compromisos Contra la corrupción de los candidatos a Gobernador se da en el contexto de la lucha frontal que los mexicanos en todo el país llevamos contra dos de los problemas más graves que vivimos: la Corrupción y la Impunidad.
Por ello para la sociedad civil es muy importante construir sistemas sólidos y mecanismos anticorrupción desde la base de los estados. Los 11 compromisos propuestos son elementos muy concretos, objetivos, aplicables y alcanzables. Se trata de acciones concretas en materia de rendición de cuentas y ayudan a prevenir y combatir la corrupción en los estados.
Informamos a toda la sociedad, y particularmente a los electores de cada uno de estos estados, para que, antes de emitir su voto, analicen quiénes sí se comprometieron y quiénes no con estos 11 Compromisos en Contra de la Corrupción.
11 compromisos de política pública para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país.
- Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos.
- Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.
- Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.
- Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA).
- Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.
- Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
- Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
- Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.
- Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA.
- Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo.
- Un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.