El pasado 2 de mayo, fue presentado el Estudio Económico de México por parte de Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este estudio es uno de los pocos trabajos de la OCDE que no se presentan bajo la responsabilidad del Secretario General, sino bajo la responsabilidad del Comité para Estudios Económicos y de Desarrollo (el EDRC, por sus siglas en inglés).
Esto se realiza a través de un largo proceso que incluye: una constante interacción entre el equipo de México de la Dirección Económica de la OCDE y funcionarios del Gobierno mexicano; dos misiones de expertos a México; una reunión en Paris para discutir el Estudio por parte del Subsecretario de Hacienda y de altos mandos del gobierno de México, con representantes de países miembros de la OCDE, seguida por un intenso proceso de revisión y finalización del texto.
La OCDE realiza estos estudios para alrededor de 50 países cada dos años. Este es el 16vo que produce sobre México, pero es el primero que presenta a la nueva administración.
Ángel Gurría mencionó que “el estudio llega en un momento de cambios
El estudio llega en un momento en el que el desempeño económico de México se está viendo afectado por tres grandes cambios:
El primero es la desaceleración de un entorno económico internacional mermado por la escalada de las tensiones comerciales, la incertidumbre política en muchos países, la agudización de las condiciones financieras en otros, y el resultante debilitamiento de los planes de inversión de las empresas.
El segundo es la incertidumbre en las relaciones de México con su principal socio comercial, marcada por una falta de claridad en las nuevas reglas del juego. El retraso en la ratificación del TMEC y las declaraciones tanto de miembros del Ejecutivo como del Congreso estadounidense de retirarse del pacto comercial están afectando a las dos economías.
Y el tercero es la transición política mexicana en la que se están introduciendo cambios profundos en los sistemas de decisión y en las prioridades de política económica”.
Estas son algunas conclusiones y recomendaciones del informe:
– El contexto macroeconómico en México es sólido
– Al igual que la economía mundial, el crecimiento de la economía mexicana se ha desacelerado en los últimos años, pasando de 2.3% en 2017 a 2% en 2018, y a 1.6% en 2019. Para 2020 esperamos una recuperación a cerca de 2%.
– La política fiscal está comprometida con la estabilización de la deuda. La política monetaria, enfocada en la estabilidad de precios, está logrando que las expectativas de inflación permanezcan ancladas. La inflación subyacente se encuentra en un intervalo de entre 2 y 4%, definido como objetivo por un Banco Central fuerte e independiente. Al mismo tiempo, el tipo de cambio flexible ha permitido que la economía se ajuste a los choques externos sin grandes desequilibrios.
– El estudio destaca un riesgo que podría poner en peligro dicha estabilidad. Me refiero al caso de PEMEX. Y es que PEMEX hoy está poniendo en riesgo la calificación crediticia de México en los mercados de deuda soberana. La debilidad de PEMEX afecta la deuda pública de México, y podría provocar una reducción de la calificación del país. Esto llevaría a México a pagar un mayor interés por su deuda, y en consecuencia habría menos recursos para invertir en salud, educación, infraestructura, o en políticas sociales para reducir la pobreza.
– Por ello resolver la cuestión de PEMEX es esencial. Esto implica restaurar la salud financiera de la empresa, aumentar su productividad y rentabilidad, con un plan de negocios creíble ante los inversionistas, que le permita utilizar las tecnologías más modernas, con una calidad de gestión basada en las mejores prácticas internacionales. PEMEX debe ser fuente de estabilidad para el país, no de vulnerabilidad.
– Mantener la estabilidad macroeconómica es esencial para garantizar un terreno sólido sobre el cual los hogares y las empresas puedan tomar decisiones de largo plazo. Pero esto no es suficiente para promover el crecimiento incluyente y sustentable que merecen los mexicanos.
– México necesita un crecimiento más fuerte y más incluyente.
México es uno de los países de la OCDE que más reformas ha promovido en los últimos años. Algunas ya han comenzado a dar resultados. Sin embargo, después de decenas de reformas, el crecimiento de la economía mexicana sigue siendo débil y poco incluyente.
– México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la OCDE. La brecha en el nivel de vida respecto a otros países más ricos se ha venido reduciendo, pero el avance ha sido muy lento, afectado por bajos niveles de productividad, bajos niveles educativos y altos niveles de pobreza y desigualdad.
– Las desigualdades en los ingresos de los mexicanos son enormes: el ingreso promedio del 20% más rico es 10.3 veces mayor que el del 20% más pobre. Estas desigualdades también se manifiestan en las grandes brechas regionales que dividen al país. Por ejemplo, mientras que en Nuevo León la tasa de pobreza es de menos de 20%, esta supera el 60% en estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
– Otras de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral, que afectan a cerca de 60% de los mexicanos. Los trabajadores informales no tienen seguro social, no cotizan para una pensión y no tienen derecho a licencia por maternidad o paternidad.
– Los grandes desafíos en materia de salud también representan un obstáculo para el desarrollo del país. México tiene uno de los peores desempeños de la OCDE en cobertura sanitaria, esperanza de vida, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil. El reducido gasto público en salud y los altos gastos de bolsillo de los particulares generan desigualdad en el acceso a servicios de calidad. A pesar de los avances, el sistema sigue estando sumamente fragmentado, con un gasto concentrado en los estados más ricos y las zonas urbanas.
– Esto está conectado con el enorme desafío de las pensiones. Si bien las reformas de 1997 y 2007 contribuyeron a mejorar la capacidad de financiar las pensiones, se ha permitido a los trabajadores de la llamada “generación transición” elegir si pasan al régimen de contribuciones definidas o si permanecen en el sistema de reparto Pay-As-You-Go (PAYGO), lo que ejercerá gran presión sobre el presupuesto a partir de 2030, cuando estos trabajadores se comiencen a jubilar (con pensiones muy precarias).
– El problema es aritmético, si solo se contribuye con el 6.5% de los salarios, la pensión solo cubriría el 25% del último sueldo, aun suponiendo que el trabajador pagó su contribución completa durante toda su carrera. Agreguemos a ese problema el tema de la informalidad, y tenemos un peligro inminente: viejos pobres. Las posibles soluciones pueden incluir: aumentar las contribuciones cuando menos al doble (idealmente al triple), prolongar la edad de retiro, o una combinación de ambas. Combinar los recursos de las Afores con los de Infonavit podría también atenuar el déficit.
– Finalmente, el estudio destaca otro factor clave que frena el desarrollo del país: la baja participación laboral de las mujeres mexicanas. Si bien esta participación ha aumentado sustantivamente en los últimos años (de 36% en 1990 a 47% en 2017), sigue siendo la segunda más baja de la OCDE y es significativamente menor que la de los hombres (de 82%).
El estudio brinda recomendaciones para afrontar estos retos
Para hacer frente a estos y otros desafíos, el Estudio Económico de México que hoy presentamos identifica una serie de áreas prioritarias y plantea recomendaciones concretas para promover un crecimiento más incluyente.
Por ejemplo, México puede mejorar significativamente su política fiscal para hacerla más progresiva. El estudio argumenta que se puede incrementar la relación impuestos-PIB de manera más incluyente ampliando la base impositiva, fortaleciendo el combate a la evasión fiscal, y reforzando la capacidad de las administraciones fiscales a nivel federal y estatal. También es importante reducir las exenciones en el ISR, elevar el impuesto predial, reducir las exenciones y los subsidios en el impuesto estatal sobre vehículos de motor y elevar la eficiencia de la recaudación del impuesto estatal sobre la nómina.
México también tiene que mejorar su productividad. El informe recomienda implementar una estrategia global de promoción de la productividad que contribuya a aumentar la competencia, mejorar la competitividad y la formalidad de las empresas mexicanas, resolver los cuellos de botella en infraestructura y elevar la calidad de la educación para todos.
Mejorar la calidad y equidad de la educación es crucial para México. El estudio recomienda que el gasto en educación se concentre en la primera infancia, la pre-primaria, la primaria y la secundaria. Y ponemos el acento en el cuidado y la educación de la primera infancia, porque es determinante para el desarrollo educativo de cualquier ser humano, pero también porque permitiría aumentar la participación de las madres en el mercado laboral.
También se destaca la necesidad de incrementar los apoyos a las escuelas en las zonas más desfavorecidas; simplificar la asignación presupuestaria a las escuelas; desarrollar prácticas estandarizadas para que los Estados presenten sus presupuestos educativos; y fortalecer los programas de educación y orientación vocacional. En este sentido, celebramos que la nueva Reforma Educativa, aprobada por los Diputados hace unos días, mantenga algunas de las características de la Reforma Constitucional de 2012-2013, en particular el crucial tema de la evaluación de los maestros como condición para el acceso al sistema y para las promociones.
Mejorar la calidad y efectividad de los programas sociales es otra de las recomendaciones clave. El estudio advierte que los más de 5,000 programas sociales del gobierno de México sufren de una severa fragmentación y no siempre alcanzan a los sectores más pobres. Una de las acciones que proponemos es utilizar la base de datos del Sistema de Información Social Integral (SISI) y compararla con el censo social para asegurar que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos y evitar duplicación de beneficiarios y programas. Otra, evidente, es consolidar los programas y coordinar su acción entre los distintos niveles de gobierno.
Para enfrentar los desafíos en las pensiones el estudio propone contener las obligaciones asociadas con los trabajadores de la “generación transición” en el sistema PAYGO, implementando un mecanismo prorrateado que preserve los derechos adquiridos y realizar la transición al nuevo sistema de contribuciones definidas (CD) en una fecha predeterminada. Las contribuciones al sistema de CD deben aumentar gradualmente para mejorar la adecuación de las pensiones y también se debe acortar el periodo mínimo de contribución, requerido para calificar para una pensión. De esta manera se incrementarían también los incentivos para la formalización del trabajo.
El estudio apunta también a una de las necesidades más urgentes de México: mejorar la calidad de sus instituciones y fortalecer el estado de derecho. Para ello es crucial completar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales, garantizar la suficiencia presupuestal, la autonomía y la independencia del poder judicial y seguir fortaleciendo la autonomía y capacidad de las autoridades de competencia y de los reguladores sectoriales, así como mejorar la calidad del servicio público. A México le urge profesionalizar cada vez más a su administración pública, sobre todo a nivel estatal y municipal, dotando a los funcionarios de la remuneración, los conocimientos y los medios tecnológicos necesarios para evitar y combatir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios.