La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), aprobó por 17 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política, en materia eléctrica.
El documento de opinión se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Energía, para efectos del artículo 69 del Reglamento de la Cámara de Diputado
En la opinión se incluyó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, enviada el 30 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo Federal, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4° constitucional, en materia del derecho al suministro de energía eléctrica, de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI).
Refiere que en el dictamen se tomen en cuenta estas consideraciones para robustecer su fundamentación en materia de medio ambiente y uso sostenible de recursos naturales. Se estimó pertinente que también se incorpore la propuesta de adición de un artículo transitorio, con la finalidad de dar certeza a la ejecución de la transición energética a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialmente en lo relativo al fomento de diversas fuentes de energía eléctrica y sus posibles repercusiones en el medio ambiente.
Durante la reunión extraordinaria, la diputada Castrejón Trujillo señaló que se trata de la opinión a una reforma constitucional sobre la que probablemente “será complicado alcanzar los consensos y, ante la polarización de posturas de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, tenemos el legítimo derecho de defender con argumentos, respeto y atendiendo el mandato democrático que los ciudadanos depositaron en nosotros”.
Se cumple, dijo, con la obligación reglamentaria de emitir una opinión responsable respecto de las implicaciones ambientales de esas iniciativas, lo que reitera el compromiso de la Comisión de velar por el respeto a un medio ambiente sano, a través de una transición energética que garantice el uso sustentable de fuentes de energía, enfatizó.
Dijo que se analizó el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano; la transición energética con rango constitucional, necesaria para enfrentar la crisis climática global y se atendieron comentarios de expertos participantes en el parlamento abierto.
Por su parte la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) anunció su voto en contra por considerar que la iniciativa presenta un modelo agotado de generación de energía, desestima la transición hacia una matriz energética de fuentes limpias y renovables, fomenta la utilización de combustibles fósiles y evita la descarbonización de la economía. “México se convertiría en un obstáculo para la lucha global del cambio climático. Ello traerá como consecuencia el deterioro del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y limpio”, dijo. También con voto en contra Del PRI, el diputado Mariano González Aguirre del PRI, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada del PAN
Edna Gisel Díaz Acevedo, Diputada del PRD, señaló que la iniciativa sobre la cual se emite la opinión no fomenta energías limpias y renovables, impacta en la salud de la población por la emisión de contaminantes, impide el cumplimento de los compromisos del T-MEC y el Acuerdo de París, además de que omite una política energética transparente, justa, eficiente y limpia que optimice beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) manifestó su voto en contra porque, dijo, la iniciativa cancela los certificados de fuentes limpias, además de que limita la producción de energías baratas, verdes, sustentables y renovables. Se debe apostar por ellas, a fin de avanzar en el cuidado de medio ambiente. “Estamos en una situación dramática que tenemos que tomar con toda la seriedad”.
Por el PRI, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa dijo que la propuesta no garantiza la transición energética porque no impulsa energías limpias ni reduce los gases de efecto invernadero, cancela los derechos adquiridos por empresas privadas, viola tratados mundiales; pone en riesgo el libre mercado, debilita el Estado de derecho, cancela la soberanía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía y promueve la opacidad en nuevos contratos.