El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) creó -por unanimidad- el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, con el objetivo de establecer las líneas de trabajo indispensables para que las diversas áreas identifiquen y analicen las posibles modificaciones tanto en su estructura orgánica, como en su normativa, sin dejar de lado el cumplimiento de las funciones torales que tenían a su cargo cada una previa emisión del decreto.
El Comité quedará integrado de la siguiente manera: Beatriz Claudia Zavala, Presidenta; Consejeras y Consejeros, Norma Irene de la Cruz; Uuc-Kib Espadas; Martin Fernando Faz, Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera como integrantes. La Secretaría la ocupará el o la Titular de la Dirección Jurídica y la Asesoría Técnica Especialista será ocupada por el o la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello señaló que con ello se formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que hoy entra en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE, derivados del así llamado Plan B y se abre la posibilidad de que los acuerdos de este Instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes.
El Comité, agregó, estará integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de este Instituto, que continuarán en sus cargos y “tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula, y de la mayor trascendencia para el futuro del INE y de nuestra democracia”.
Lorenzo Córdova, presentó un voto concurrente, por considerar que si bien deben acatar la ley, “desde mi punto de vista, viola flagrante y abiertamente el orden constitucional”.
Córdova Vianello puntualizó que en el acuerdo “se funda, motiva y concluye de manera expresa que todos los derechos y prestaciones de todas y todos los servidores públicos del INE quedan salvaguardados durante el periodo de transición, con independencia de las obligaciones que resulten de la implementación de esta reforma”.
Y por supuesto, continuó, “queda a salvo el derecho de todas y todos los trabajadores que así lo decidan de impugnar los acuerdos que este Consejo General se ve obligado a tomar por las determinaciones del legislador”.
La Consejera Claudia Zavala Pérez quien presidirá el Comité externó que se parte de un trabajo colaborativo, en el que participarán las y los consejeros electorales que continúan en el ejercicio del cargo y se incorporará a los que sean designados a partir del próximo 3 de abril.
“Vamos a caminar juntos y juntas con nuestras visiones, nuestros análisis, es un trabajo técnico-operativo muy relevante y vamos a sacar adelante esta reforma y lo que nos impone, los deberes que nos impone esta reforma”, enfatizó.
Este Comité, dijo la Consejera Dania Ravel Cuevas, tendrá la difícil tarea de encontrar la mejor manera de reestructurar, orgánica, administrativa y reglamentariamente al Instituto Nacional Electoral.
“A todas luces ser trata de una visión maratónica, porque la reforma aprobada trastoca todos los aspectos vinculados con la vida de esta institución y se nos dan plazos absurdamente acotados para hacer los cambios exigidos”, especificó.
“Estamos frente a un reto de mucha importancia, sin estudios previos tendremos que implementar la reforma en el proceso electoral más grande de la historia que enfrentará esta institución, a partir de este año: el Proceso Electoral 2023-2024”, externó la Consejera Carla Humphrey Jordan.
Garantizó que la reestructuración orgánica se realizará con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentran adscritas bajo cualquier régimen laboral al Instituto. “Desde este espacio les aseguramos que buscaremos garantizar por todos los medios, todos los derechos de los casi mil 500 empleados y funcionarios de nuestro Servicio Profesional Electoral, que durante muchos años han servido con lealtad y con profesionalismo institucional a esta institución”, afirmó.
La interpretación y aplicación del nuevo marco normativo deben hacerse con una visión de Estado para no dañar la sólida cimentación con la que fue construida, “no podemos darnos el lujo de pasar a la historia como aquellos integrantes del Consejo General que implementaron una reforma electoral a rajatabla y no pudieron organizar una elección con los estándares de certeza que nuestro país está acostumbrado” consideró la Consejera Norma De la Cruz Magaña.
“Y visión de Estado es implementar un rediseño transversal con perspectiva de género y con el más amplio respeto a los derechos humanos de la ciudadanía y, por supuesto, a los derechos laborales de toda nuestra planta laboral; es garantizar elecciones libres, auténticas, pacíficas, imparciales, ciertas e independientes y al menos con los estándares que tenemos”, agregó.
Es la primera reforma electoral de las últimas cinco décadas que es impuesta unilateralmente desde el poder, que no se procesó a partir de un diagnóstico amplio y compartido, que renunció al ejercicio del diálogo y a la construcción de consensos con otras fuerzas políticas, como había ocurrido desde 1977 hasta 2014, agregó el Consejero Ciro Murayama Rendón.
Además obliga al Instituto a instrumentar “atropellos laborales”, como el que antes de que termine abril, determinar qué cargos y plazas del Servicio y de la rama administrativa deben desaparecer. “Sí, inicia la destrucción de la estructura profesional y territorial del INE, con este acto comienza lo que el Plan B desea, despedir al 85 por ciento del SPEN, desapareciendo figuras fundadoras del ámbito profesional e independiente; las vocalías distritales ejecutivas y mutila las juntas locales”.
Con información de MéxicoInforma