Ante la inminente amenaza que representa la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, la sociedad civil tiene la responsabilidad urgente de actuar. A través de organizaciones de abogados, entidades empresariales e instituciones académicas, se debe exigir a los nuevos legisladores que rechacen esta reforma, la cual no solo no beneficia a la sociedad, sino que podría incrementar los niveles de corrupción e impunidad en México.
La organización México Justo AC ha señalado la importancia de detener esta reforma “a como dé lugar” y ha exhortado a los legisladores, especialmente a aquellos de la coalición gobernante, a comportarse como verdaderos representantes de la sociedad y no como subordinados del presidente. Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, advirtió que los ministros de la Suprema Corte que están alineados con el gobierno actúan más como “empleados del presidente” que como defensores de los derechos ciudadanos.
Durante la presentación del libro “Estado de Derecho, Síntomas de un México Impune”, organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Pérez Góngora elogió la reciente manifestación estudiantil en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y planteó la necesidad de una postura firme por parte de la UNAM, especialmente de la Facultad de Derecho, frente a la reforma judicial propuesta. Instó a la universidad a hacer saber su posición tanto a los legisladores como a los ministros de la Corte, especialmente a aquellos que son egresados de esta institución.
“Es cierto que México necesita una reforma judicial, pero una que acelere los procesos, castigue a los jueces que no apliquen la ley de manera justa, y que refuerce la independencia del Consejo de la Judicatura respecto a la Suprema Corte. Sin embargo, la reforma propuesta por el Ejecutivo no cumple con estos objetivos”, afirmó.
Tania Reyes, secretaria técnica de México Justo y coordinadora de la obra presentada, anunció la próxima publicación de un segundo libro titulado “Las Víctimas de un México Impune”. Subrayó la urgencia de promover la justicia como un principio de vida en México, un valor que debe reflejarse tanto en la legislación como en la práctica política.
Claudio Ku, miembro del Consejo de México Justo y autor de uno de los capítulos del libro, destacó que la Constitución mexicana establece el principio de progresividad y no de regresividad. Eliminar derechos sociales o desmantelar organismos autónomos que los protegen, como propone la reforma judicial, constituye una violación a estos principios fundamentales.
José Luis Lazcano, doctor en derecho por la Universidad Veracruzana, también enfatizó la necesidad de contar con organismos realmente autónomos que actúen como contrapeso a las decisiones del Estado, garantizando así un equilibrio en el ejercicio del poder.
Finalmente, Abril Uscanga, coordinadora del Seminario de Filosofía del Derecho de la UNAM, instó a los estudiantes a reflexionar sobre la situación actual del sistema judicial en México y a considerar qué tipo de país desean construir. Subrayó la importancia de actuar de manera proactiva para asegurar un marco legal que respete y proteja las libertades y derechos de la sociedad mexicana.
El evento contó con la presencia de Genaro Góngora Pimentel, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo Académico de México Justo, quien subrayó la relevancia del trabajo realizado por la organización en anticipar los peligros de un Estado de Derecho debilitado en México.