La reciente decisión del gobierno mexicano de eliminar varios órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha generado un amplio debate sobre las implicaciones que esta medida tendrá para la democracia y la gobernanza en el país. La administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado esta reforma bajo el argumento de que la centralización del poder permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos, pero muchos críticos advierten que esta desaparición representa un grave retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas. La extinción de estos organismos se formalizó con la aprobación en el Congreso, donde se determinó que sus funciones serán absorbidas por diversas secretarías de Estado, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de estas nuevas entidades para operar con la independencia y objetividad necesarias.
La desaparición del INAI y otros órganos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no solo elimina instituciones clave que garantizan derechos fundamentales, sino que también abre la puerta a una mayor opacidad en la gestión gubernamental. Sin estos contrapesos, se corre el riesgo de que las decisiones del gobierno se tomen sin la supervisión adecuada, lo que podría facilitar prácticas corruptas y abusos de poder. La falta de una entidad independiente que supervise el uso de los recursos públicos limita el derecho ciudadano a acceder a información clara y veraz sobre cómo se administran estos recursos, lo que es fundamental para una democracia saludable.
Además, esta centralización del poder podría tener repercusiones negativas en la competitividad económica del país. La eliminación de organismos autónomos implica un debilitamiento del marco regulatorio que protege a los consumidores y fomenta un entorno empresarial justo. Sin instituciones independientes que regulen el mercado y promuevan la competencia, México podría enfrentar un aumento en las prácticas monopólicas y una disminución en la inversión extranjera, ya que los inversionistas buscan entornos estables y predecibles donde operar.
Las implicaciones internacionales también son significativas. México ha asumido compromisos ante organismos internacionales para garantizar derechos como el acceso a la información y la protección de datos personales. Ladesaparición de estos órganos autónomos contradice esos compromisos y podría resultar en sanciones o pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional. Además, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) requiere la existencia de un marco regulatorio sólido; su debilitamiento podría poner en riesgo las relaciones comerciales con sus socios.
En medio de este panorama, es crucial reflexionar sobre el futuro del sistema democrático en México. La eliminación de los órganos autónomos no solo afecta a las instituciones mismas, sino también al tejido social que depende de ellas para ejercer sus derechos. La sociedad civil debe mantenerse alerta y exigir rendición de cuentas al gobierno, así como promover un diálogo constructivo sobre cómo garantizar una gobernanza transparente y efectiva.
De tal manera, que, la desaparición de los órganos autónomos representa un desafío crítico para la democracia en México. Las decisiones tomadas por el gobierno actual podrían tener consecuencias duraderas que afecten tanto a la gobernanza interna como a las relaciones internacionales del país. Es imperativo que los ciudadanos, junto con actores políticos y sociales, trabajen juntos para proteger los principios democráticos fundamentales y asegurar un futuro donde la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos sean prioritarios.