Nuevamente se ve esperanza con la reforma judicial, ya que retoma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, rescatando los principios fundamentales, los cuales se traducen en justicia social, es decir justicia accesible para todos, equitativa, pero, sobre todo, justicia para quienes menos tienen, presentando un renovado Poder Judicial del pueblo y para el pueblo.
La reforma judicial deriva de las incansables demandas de la ciudadanía por contar con un poder libre de corrupción, nepotismo y compadrazgos, donde se garantice la impartición de justicia de manera eficaz, eficiente, imparcial, y, además, transparente, que permita que los mexicanos confíen nuevamente en las instituciones, optimizando y fortaleciendo el funcionamiento de los tribunales.
Estos vicios, visibles y tangibles, hacen que la percepción del Poder Judicial sea distante y elitista, un poder que trabajaba desde el privilegio, por parte de quienes se encuentran o se encontraban en la cúpula del poder, de quienes tienen a familiares y amigos laborando en puestos clave, generando impunidad y falta de aplicación de manera adecuada de la Ley.
Esta es una oportunidad inigualable para los mexicanos; la reforma judicial representa la esperanza para quienes menos tienen, para los más desprotegidos, ya que renueva y crea un sistema judicial inclusivo, así como accesible, proponiendo una simplificación de procedimientos legales, inversión en capacitación para jueces y personal judicial, con lo cual, se pretende garantizar, que la sociedad en general, independientemente de la situación económica o social, puedan acceder a un juicio que les garantice sus derechos.
El espíritu de la reforma consiste en el combate a la corrupción y el nepotismo, por lo cual le da facultad al Máximo Tribunal de nombrar y remover a los funcionarios, así como la modificación del procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar la efectiva investigación y sanción de las personas servidoras públicas que cometan actos de corrupción.
Además, se renovará la estructura para una justicia más ágil y expedita, impulsando la digitalización, mediante herramientas tecnológicas que permitan reducir tiempos de espera, así como el fortalecimiento de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como auténtico Tribunal Constitucional.
De igual forma, se contará con una verdadera defensoría del pueblo cercana a la gente, que permita la capacitación a defensoras y defensores en el dominio de diferentes lenguas indígenas para la eliminación de barreras de lenguaje, traduciéndose en la protección de los derechos humanos, sobre todo, de aquellos que pertenecen a nuestros pueblos originarios.
Uno de los aspectos mas trascendentes de la reforma judicial, es referente a la igualdad de género y paridad, como complemento de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, así como la incorporación de perspectiva de género de forma transversal, equitativa y progresiva, con el propósito de que se garantice un enfoque de igualdad sustantiva.
Es decir, la reforma judicial es el estandarte de la lucha por las desigualdades estructurales de la sociedad, contaremos con justicia igualitaria sin importar el sexo, orientación, situación económica o social, se impartirá justicia en todos los rincones del país, con imparcialidad, justo lo que el pueblo necesita en estos momentos tan álgidos en materia de justicia.
Es tiempo de que la justicia alcance a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, permitiendo obtener justicia de calidad en condiciones de igualdad, con todas sus letras, igualdad, hoy el Poder Judicial tiene la oportunidad de renovarse para beneficio de quienes menos tienen, de quienes mantienen la fe y la esperanza en un sistema judicial que funcione adecuadamente.
La reforma judicial, es, sin duda, uno de los logros más importantes de nuestro país, porque permitirá a todas las personas el acceso a la justicia, aplaudible, aplaudible es, de quienes realizaron la propuesta, pero sobre todo de quienes la aprobaron; es tiempo de regresar a los orígenes de la Constitución de 1917, ahí donde se estipulaba que somos merecedores de una verdadera justicia social.