Por: Mayté García Miravete
El proceso electoral de jueces y magistrados en México, que se celebrará por primera vez en 2025, representa una transformación estructural del sistema de justicia y de la democracia misma. Pero este cambio, por ambicioso que sea, enfrenta un obstáculo que podría convertirse en su mayor amenaza: la desconexión ciudadana.
A diferencia de elecciones tradicionales, en las que los ciudadanos votan por cargos más cercanos —presidentes municipales, gobernadores, legisladores o presidentes—, la elección de jueces, magistrados y ministros plantea una dificultad esencial: la distancia entre el votante y la función del cargo. La mayoría de los ciudadanos no comprende con claridad qué hace un magistrado federal, cómo influye su trabajo en la vida cotidiana o qué cualidades debería tener un buen juzgador. Esto provoca una paradoja peligrosa: se exige al ciudadano una decisión informada sobre algo que le resulta lejano, técnico y poco familiar.
Los jueces no legislan ni gobiernan, pero interpretan la ley y, con ello, definen el sentido práctico de la Constitución, las leyes y las normas que rigen la vida pública. Desde decisiones sobre derechos laborales y libertades civiles hasta controversias entre estados y la federación, los tribunales federales marcan el rumbo del país. Elegirlos por voto popular supone darle al ciudadano una herramienta inédita de control, pero también le impone la responsabilidad de elegir bien. ¿Cómo puede hacerlo si ni siquiera conoce a los candidatos?
Otro reto es la falta de visibilidad y de perfiles conocidos. No estamos frente a figuras públicas con trayectoria política visible, sino ante abogados, académicos, litigantes o funcionarios del sistema judicial cuya reputación, muchas veces, es accesible solo a expertos del gremio. El INE ha intentado equilibrar esta situación permitiendo espacios de promoción controlada, pero las campañas siguen siendo sobrias y técnicas, poco comparables con la intensidad de una elección presidencial o municipal.
A esto se suma la falta de cobertura mediática. Los medios han relegado el tema a una segunda plana, y la narrativa pública se ha centrado más en las implicaciones políticas de la reforma, la crítica al oficialismo, el debate sobre la independencia judicial, las tensiones con el INE, que en ayudar al ciudadano a distinguir entre candidatos o comprender las reglas del juego.
Uno de los elementos más preocupantes es la complejidad de las boletas electorales. Al incluir cientos de nombres por circunscripción, sin agrupamientos claros, sin logotipos de partidos ni colores distintivos (porque no es una elección partidista), las boletas se presentan como listados abrumadores. Para un ciudadano que no conoce los nombres ni las trayectorias, marcar una opción se convierte en una tarea estresante y aleatoria.
Este diseño puede provocar tres reacciones indeseables: que el votante anule su boleta, que se abstenga de participar en ese segmento de la elección, o que vote al azar, lo cual atenta contra el principio de decisión informada. En cualquiera de los tres casos, se vacía de contenido democrático el proceso, aun cuando se haya respetado el derecho formal al voto.
Las encuestas comienzan a mostrar una preocupación real: menos del 30% de los ciudadanos sabe que habrá una elección judicial y aún menos podría nombrar a un solo candidato. El riesgo de abstención es alto. Y si la participación es baja, se debilita la legitimidad de los futuros jueces electos y se refuerza la percepción de que este modelo no sirve.
Esta desconexión no es solo desinterés: es también un síntoma del desencanto generalizado con las instituciones. La ciudadanía percibe al Poder Judicial como una élite cerrada, corrupta o insensible. La reforma, en teoría, quiere romper con eso. Pero si los ciudadanos no sienten que elegir a un juez transformará su realidad (si no se logra traducir ese poder en términos concretos), el ejercicio se convertirá en un trámite estéril.
Para enfrentar esta situación, hacen falta campañas de pedagogía ciudadana más allá de los spots. Explicar con claridad, con ejemplos cotidianos, por qué un juez importa. ¿Cómo influye en una madre trabajadora? ¿En un indígena injustamente detenido? ¿En un joven que busca amparo para acceder a una beca? Traducir el lenguaje jurídico a experiencias de vida podría ser el puente que acerque al votante.
También es necesario que las autoridades electorales simplifiquen la experiencia de votación: desde diseñar materiales didácticos, hasta ofrecer mecanismos de búsqueda de candidatos por perfil, trayectoria o temas de interés, que orienten al ciudadano de manera clara y accesible.
Además, sería vital garantizar que la ciudadanía perciba que su participación puede marcar la diferencia. Votar por un juez debe dejar de ser una decisión técnica y convertirse en un acto de poder civil. Hay que vincular esta elección con el valor de la justicia como bien común.
México está ante un experimento institucional inédito. Si fracasa, el discurso será que el pueblo no supo elegir, y se abrirá la puerta al regreso de sistemas cerrados, opacos y cupulares. Pero si funciona, estaremos ante una ampliación real del poder ciudadano sobre el Estado. El éxito dependerá, no solo de reglas claras y candidatos honestos, sino de que logremos cerrar la brecha emocional, cognitiva y política entre el ciudadano común y el aparato judicial.
La verdadera pregunta es: ¿cómo convertimos a la justicia en una causa ciudadana? Esa será la clave del futuro de esta reforma.